No se respeta la voluntad popular

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Espacioindependiente  nº 232,  jueves 7 de diciembre,  2017

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No se respeta la voluntad popular para mantener los privilegios y la impunidad

La presidencia de Trump y su equipo de demagogos y especuladores encierra un doble conflicto.  El primero responde a la crisis que su ocupación de la Casa Blanca ha supuesto en todas las instituciones de los EEUU, dividiendo el partido republicano y causando el enfrentamiento de los mismos servicios de seguridad, acusados de colaboración con la mafia rusa. El segundo conflicto hace mención a la creciente desestabilización que sus decisiones representan para el equilibrio mundial, y que afectan a los derechos fundamentales de los pueblos del mundo.

La reducción de impuestos adoptada por Trump a favor de los ricos es la determinación de toda una clase de grandes capitalistas que se organiza en torno a la especulación y al parasitismo para tratar de salvar las políticas de Wall Street. Las reducciones fiscales aceleran la desreglamentación de los mercados financieros y desequilibra los presupuestos. Lejos de abandonar el papel de gendarme imperialista mundial, este aspecto se recrudece con importantes inversiones en la industria de armamentos, con la financiación de las guerras que le han precedido e incrementando las tropas de ocupación. Cerca de dos mil millones de dólares se han sobre invertido en los últimos meses en las guerras de agresión de Irak, Afganistán, Siria y su extensión a Libia. La guerra imperialista contra los pueblos del mundo es la principal apuesta de la Casa Blanca

El reconocimiento a Jerusalén como capital del estado de Israel, que viene a romper el equilibrio internacional y cierra las negociaciones entre israelíes y palestinos, se sitúa en el eje del saqueo de los pueblos y de la guerra. Su promesa electoral de reconocer a Jerusalén como “capital eterna del pueblo judío” responde a las demandas de las sectas políticas y religiosas que le apoyan económicamente; pero dicha decisión encierra a la diplomacia norteamericana en un estrechísimo recinto y echa más leña al fuego de los mismos planes de “pax americana” establecidos en Oslo. Supone una medida política en la vía para del enfrentamiento y la guerra contra Irán, que es lo que se demanda por las monarquías petroleras. La obsesión de Trump por el orden internacional y sus medidas se convierten y contribuyen al mayor desorden. La primera respuesta a la provocación de Trump ha sido de nuevo la llamada a la Intifada contra el Estado de Israel, a la Huelga General y la movilización. Esto sucede cuando el ocupante de la Casa Blanca pasa por graves momentos de desconfianza entre la población, a la vez que la crisis económica y política del imperialismo norteamericano adquiere un nuevo nivel.

Otros amos del mundo, los señores de la guerra que comparten con los EEUU políticas de destrucción y dominación en el marco de la más extrema competencia financiera y monetaria, acompañan a Trump en sus provocaciones con diferentes decisiones. Tanto el Reino Unido como Francia tratan ahora de impedir que sus ex presidentes sean acusados por el Tribunal Penal Internacional de crimen de agresión (“crimen internacional supremo”), a raíz de su intervención militar en Libia y del asesinato de Gadafi y otras muchas personas. Una demanda criminal en ese sentido ha sido presentada recientemente ante el Tribunal Penal Internacional. El derecho internacional entiende que una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que, por sus características, gravedad y escala, constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

Para impedir que sus mandatarios puedan ser imputados de crimen de agresión, Reino Unido y Francia no han ratificado los acuerdos de Kampala que aplican dichos principios, tratando de bloquear las competencias de la Corte Penal Internacional, como también hace EEUU, que se niega a reconocer dicha instancia internacional para no responder de sus crímenes contra los pueblos. La predisposición de los señores de la guerra es, en cualquier circunstancia, la de garantizarse la intervención militar directa en cualquier lugar del mundo al margen de la legalidad internacional.

Desde Honduras llegan noticias de que, en sus elecciones generales del 26 de noviembre, y conociéndose que el candidato de oposición superaba en votos al actual presidente, el Tribunal Supremo Electoral ha bloqueado los resultados desde hace días, negando de plano la soberanía popular y criminalizando las protestas populares. Honduras se ha convertido, bajo la batuta del imperialismo norteamericano, en paraíso del militarismo y del narcotráfico que domina el sistema financiero y político a través del golpe impuesto en 2009. Y la prolongación del régimen se ve rechazada por los votos de la mayoría. La oposición se ha echado a la calle y la represión trata de silenciar las protestas. Los observadores internacionales, tanto de la OEA como de la Unión Europea, respaldan el fraude electoral. Confían la solución de la situación a un Tribunal amañado; entre los que se encuentra José Inácio Faria, como jefe de la Misión Observadora del Parlamento Europeo, miembro del Partido Popular Europeo de Merkel y Rajoy.

Esto nos lleva a entender cómo desde gobiernos e instituciones, que se reclaman de la democracia, se perpetran todo tipo de atentados contra la libre expresión de la voluntad popular en todas partes del mundo, con lo que supone de atentado a la legalidad internacional.

Las manifestaciones contra la Constitución del 78 han puesto el acento en la necesidad de una respuesta política democrática y constituyente, articulada desde todos los pueblos. Mientras, desde la Monarquía se anima una vuelta al pasado, a la más estricta recentralización política, atentando contra los derechos fundamentales. La retirada de la euroorden, para la extradición de parte del gobierno catalán por el TS, expresa las dificultades del régimen para imponer sus medidas represivas, policiales y judiciales.

Las propuestas de reforma constitucional, en buena medida baldías, se hacen al margen y en contra de los movimientos democráticos; tan solo pretenden echar atrás las propuestas de ruptura con el régimen del 78. En la historia del constitucionalismo español jamás fue reformada una constitución: la polarización política siempre llevó al predominio de los procesos desconstituyentes, tanto de uno como de otro signo político. La burguesía española se aferra a las instituciones de Bruselas y sus políticas, al papel del euro y a sus procesos especulativos, contra toda demanda de cambio. Centra sus esfuerzos en las propuestas de presupuesto común de la UE, de los eurobonos y la uniformidad fiscal, oponiendo especulación a democracia y derechos sociales y de los pueblos.

Es el caso de la represión contra la voluntad del pueblo de Cataluña, tratando de imponer leyes e instituciones que son rechazadas por la voluntad popular. Los dirigentes del PSOE, con la complicidad de las autoridades españolas, van a intentar la negociación de una nueva ley de la Memoria, una ley que sería la prolongación de la desmemoria de Zapatero: la tercera ley de punto final contra la verdad, la justicia y la reparación. Todo para impedir que los movimientos democráticos y memorialistas acaben con 80 años de impunidad de los crímenes de la guerra, de la dictadura y de la misma Transición. Todo para impedir la libre expresión de la voluntad popular y el término de la impunidad.

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