La voluntad popular y la “noluntad” de los gobernantes

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Espacioindependiente  nº 224,  jueves 12 de octubre,  2017

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La voluntad popular y la “noluntad” de los gobernantes

¡Que el “Parlament”, vote sin más tardanza, la aplicación de la voluntad popular!

Los acontecimientos que han precedido y seguido a la consulta del 1-O en Cataluña, hasta la confusa claudicación de Puigdemont y de su gobierno, en nombre de una “negociación” y/o mediación internacional inexistente, deben ser entendidos y sacar las lecciones necesarias.

El pueblo catalán lo ha dicho con claridad: ¡Queremos gobernarnos a nosotros mismos! Y es por eso por lo que hablan de un Estado en forma de República y de una Asamblea Constituyente y Soberana. Pero los gobernantes, cada cual a su nivel de responsabilidad, y que son la personalización de la “noluntad”, se dedican a su manera a destruir toda posibilidad de cambio.

Unos prefieren la más bochornosa de las claudicaciones políticas; claudicación en caliente que, en el caso de los dirigentes de partidos catalanes, afecta directamente a la política de la coalición” Juntos por el sí” y ERC, empujando a la CUP a abandonar toda complicidad con dichos políticos. Otros, los gobernantes y dirigentes de los partidos de ámbito estatal -de diferentes colores, pero con las mismas políticas-, están tan acostumbrados a secuestrar la voluntad popular que niegan con cinismo la realidad política, tanto cuanto les interesa para mantener sus privilegios de casta y, con sus privilegios, la austeridad y la desigualdad. De mayor importancia aún son los sabotajes, los golpes económicos, políticos y de represión instados por el gobierno de Rajoy y por la burguesía financiera, que es más española que catalana, como se ha visto con la deslocalización de bancos y grandes empresas; tratando con ello de impedir que las demandas políticas del pueblo lleguen a algo.

La rica experiencia no debe perderse.  ¿Qué es lo qué quiere un pueblo que, pese a todo, se ha movilizado masivamente desde hace años por su soberanía, habida cuenta de que, por encima de la represión y de las vacilaciones de sus dirigentes, ha sido capaz de realizar un segundo referéndum, y además ir a la Huelga General con pleno éxito? No acepta el inmovilismo político y la represión, pero tampoco soporta la traición, por muy nacionalista que se presente. Y debe contemplarse que la bandera de la soberanía es también una invitación a todos los pueblos, a los trabajadores, a los jóvenes a una alianza general por sus objetivos en común. Y ello necesita de puntos de apoyo político.

El origen de la crisis política e institucional tiene su centro en la naturaleza misma del Estado español, sometido a fuertes contradicciones acerca de su modelo político e institucional. Un modelo que fue pactado a la muerte de Franco y cerrado sobre el sometimiento a las decisiones de la Troika y la OTAN. Un modelo del que surge un régimen de partidos y sindicatos clientelares y defensores de la “razón de Estado”, que preservan el carácter monárquico y oligárquico del poder.

El llamado “Estado de las autonomías” es la prohibición constitucional del derecho de los pueblos a decidir libre y democráticamente su destino. Ese pacto histórico contra la soberanía nacional y popular de los pueblos se rompió definitivamente en Cataluña con la sentencia del Tribunal Constitucional que echó atrás el Estatut aprobado popularmente mediante referéndum. Desde entonces se ha acelerado la dislocación del sistema político y constitucional del régimen, y que nos ha llevado hasta el esperpento de la comparecencia del 10 de octubre de Puigdemont, como presidente del Gobierno de la Generalitat, tratando de soplar y sorber al mismo tiempo, para así negar la voluntad popular y el cambio político e institucional que se demanda. Una falsa declaración de independencia se firmó a continuación de la comparecencia, sin que nada se votara, por 72 diputados, sin ningún valor institucional y jurídico. La ausencia en los últimos acontecimientos de decisiones votadas por la cámara catalana, que ha estado ausente y al margen de las principales decisiones, presagiaba una salida caciquil de tipo bonapartista y despótica de los dirigentes catalanes hablando en nombre del pueblo para negar la aplicación de la voluntad popular.

Las organizaciones sociales, políticas y sindicales, que han respaldado el proceso político constituyente, deben reunirse de forma extraordinaria para debatir acerca de la situación y tomar las medidas necesarias que impidan la traición a la voluntad popular: que de forma libre y democrática cada organización demande que el Parlament tome posición inequívoca de respaldo a la voluntad política expresada por la acción y votación mayoritaria.

La crisis ha alcanzado su máximo nivel cuando los dirigentes de los partidos directamente afectados han pasado del supuesto respeto de la voluntad popular a darle la espalda. Han cogido la voluntad popular, la han maltratado, manipulado y traicionado, para imponer la “noluntad” de los gobernantes en nombre de una negociación que no existe ni en el papel. Pero, la partida no solo no ha terminado, sino que se ha extremado aún más. La resolución del Consejo de Ministros extraordinarios del día 11 “requiere al Gobierno de la Generalitat (sin establecer fecha ni plazo) para que informe si ha declarado o no la independencia”. Dicho requerimiento es tan ambiguo como la misma comparecencia de Puigdemont, y puede albergar la intención directa de aplicar el 155 de la Constitución, que ya ha sido aplicado en la práctica: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría  absoluta del Senado, podrá adoptar  las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones para la protección del mencionado interés general”. Dos no negocian si uno no quiere, y este es el caso de la supuesta negociación entre la Generalitat y el Estado español, para la que unos dan un plazo de un mes y otros lo plantean como un supuesto imposible de llevarse a término, y prefieren hablar de que “volverán a ganar la guerra”.

La cuerda del despotismo político e institucional se ha tensado tanto, y de forma tan extraordinaria, que la acción política de los trabajadores y los pueblos no podrá superar el momento sin reconocer los hechos y responder cabalmente en función de sus intereses y aspiraciones. Tanto en Cataluña como en el resto de España es necesaria una reorganización política que tenga por objetivo un acuerdo general para establecer la soberanía popular sobre todos y cada uno de los territorios. Frente a las falsificaciones y la represión, los pueblos aspiran a su plena soberanía, y por ello a su República.

 

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