Represión contra las huelgas y el derecho a decidir

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Espacioindependiente nº 216, jueves 17 de agosto, 2017

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La represión y judicialización gubernamental se concentran contra las huelgas y para impedir el derecho a decidir

Las subidas de los salarios deben ser demandadas ante los ayuntamientos y parlamentos

El Consejo de Ministros de agosto ha reunido ministros desplegados en sus diferentes áreas tratando de impedir tanto el movimiento que aboga por realizar una consulta popular el 1 de Octubre en Cataluña, como el movimiento de huelgas que pretende aumentos salariales importantes frente a los planes de miseria y austeridad. Conflictos que aparecen desarrollados, combinados y en cierto modo concentrados sobre el territorio catalán. El Gobierno ha tomado medidas extraordinarias y de excepción, que pasan por encima de los afectados y de las mismas instituciones y leyes de ámbito autonómico: se recrea una situación de verdadero estado de excepción, aún antes de la fecha del primero de octubre.

El Tribunal Constitucional toma también decisiones a destajo que afectan al ámbito político, impidiendo que sean las Cortes y los Parlamentos quienes discutan y resuelva democráticamente, llevando a cabo la judicialización de todos aquellos aspectos de la vida política, que ni el Gobierno ni la oposición son capaces de resolver en términos políticos.

Las resoluciones judiciales contra el derecho a decidir tratan de impedir la eficacia de las resoluciones de la Asamblea de Cataluña relativas a la ley del referéndum, como la “desconexión” (ruptura con las imposiciones de las leyes e instituciones estatales). Las resoluciones y sentencias de los altos tribunales no bastan con dictarlas, además tienen que ser aplicadas, lo que conlleva medidas represivas contra cargos electos y contra la mayoría de la población. Y es eso efectivamente lo que se prepara. Antes de la huelga de los de la seguridad del Prat, las huelgas, tanto del metro como de los taxistas, de los trabajadores del AVE, de las “kelis”, …, habían ya avisado de la llegada de un movimiento reivindicativo amplio y heterogéneo, que demanda subidas salariales que, de hecho, vienen a romper la imposición de medidas de austeridad, prolongadas en el tiempo, hasta provocar una devaluación general de salarios y pensiones depreciando las rentas del trabajo en un 20% de media. Se ha venido recreado así la figura del trabajador precario y pobre, de manera que su salario no llega a cubrir las principales necesidades. Y son además los salarios más bajos los que más han perdido en su capacidad de compra, sobre todo, en los últimos diez años de crisis.

Las huelgas de Barcelona de junio y julio habían llevado a la misma alcaldesa a decir que “ni la ciudadanía ni ella misma entienden tanta huelga con los esfuerzos que se han hecho desde el TMB y la Generalidad”. La misma Generalidad que trata de ponerse al margen de los conflictos sociales, cuando no toma decisiones contra los trabajadores, de acuerdo con el gobierno de Rajoy en lo que le afecta directamente. Todo como si el derecho a decidir de los pueblos no integrase el movimiento reivindicativo y emancipador de los trabajadores que son la inmensa mayoría del pueblo.

Las demandas salariales y sociales de los trabajadores no tienen cabida en los planes de austeridad y sobreexplotación del Gobierno ni del régimen y revienta todas y cada una de las exigencias de la UE y la Troika. El movimiento de subida de salarios y pensiones, contra la precarización del trabajo, viene desde abajo, de la expresión e indignación de las capas más explotadas y oprimidas de nuestra sociedad. La política oficial, tanto del Gobierno de Rajoy como de la Generalidad es que los salarios no pueden subir por encima del IPC, y que las pensiones no deben subir más allá del 0,25% año. Pero la política oficial está siendo derrotada en cada conflicto y ese movimiento debe unificarse y adoptar posiciones en común frente a las instituciones. Para mantener la austeridad del 90% de la población, los partidarios del dictado de la Troika necesitan emplear todo el arsenal de leyes y medidas de intervención represiva; necesitan mantener indefinidamente las contrarreformas laborales, tanto del PSOE como del PP.

La huelga de trabajadores de seguridad privada del aeropuerto del Prat por un aumento salarial de 350 euros/mes, es una bandera con la que se identifican la mayoría de los mileuristas de todos los territorios. La huelga llevada a cabo en el momento de mayor tráfico aéreo está siendo reprimida con la imposición de servicios mínimos del 90% que reiteradamente han sido declarados ilegales por los tribunales. La intervención de la Guardia Civil, que ha vuelto a los controles de pasajeros bajo pretextos de seguridad, y sobre todo con la decisión del Consejo de Ministros, estableciendo un arbitraje obligatorio en un plazo máximo de 24 horas, da a la huelga del Prat todo su alcance. Para ello, el gobierno utiliza el real decreto de 1977 que fue dictado para impedir la extensión y el alcance de las huelgas del momento.

La portavoz del Comité de huelga del Prat, Purificación Infante, plantó cara a la agresión gubernamental contra los derechos de los trabajadores, diciendo: “Mantendremos la protesta. Siempre hemos tenido miedo y ya ha llegado el momento de decir hasta aquí. Ya no podemos aguantar más con las condiciones laborales que tenemos”. Millones de trabajadores de todos los territorios se sentirán identificados con estas expresiones políticas y sindicales de mantener a toda costa la lucha reivindicativa. Luchas justificadas e imprescindibles para hacer valer las demandas sociales y políticas de la mayoría. La intervención de la Guardia Civil en el Prat ha sido calificada por el secretario de organización del PSOE de “esquirolaje”. Y no contento con ello, el Gobierno prepara un laudo obligatorio, que trata de hundir el movimiento reivindicativo de los salarios.

La falta de solución a las justas demandas de las huelgas ha extendido las principales reivindicaciones salariales y, con ellas, las convocatorias se han multiplicado a otros territorios. Colectivos de trabajadores aeroportuarios de Valencia, Alicante, La Coruña, y Santiago realizan estos días asambleas para ir a la huelga de forma inmediata. Y ahora, más allá de estas localidades es toda la red aeroportuaria la que se ve afectada por este movimiento reivindicativo de fondo que arrastra a los sindicatos a los que les pilla en medio de reuniones de pacto social con la patronal y gobierno que hasta ahora han bloqueado las reivindicaciones.  Esta nueva situación se evidencia por el hecho de que los sindicatos CCOO, UGT y USO han registrado un preaviso convocando 25 jornadas de huelga en AENA y Enaire a partir del 15 se septiembre. Convocatoria que llega con un calendario muy amplio hasta el 30 de diciembre.

La lucha económica que ha comenzado no tardará en desarrollarse buscando una salida política en común, que los trabajadores catalanes no tardarán en dirigir hacia los ayuntamientos para obtener su respaldo, para que se re-municipalicen los servicios privatizados y, sobre todo, se dirigirán en movilización al Parlament para que se tome los acuerdos que favorezcan las demandas sociales y políticas de los trabajadores: haciendo ley la voluntad popular. Es esa la línea de movilización, de la soberanía y de la democracia por las reivindicaciones, la que se desprende de la situación de las huelgas de Barcelona.

Las asambleas de trabajadores, el derecho de todos a oír y ser oídos, a decidir colectiva y democráticamente lo mejor para la defensa de los intereses materiales y morales de los trabajadores, integrando todos los sindicatos, constituye la principal institución que hay que establecer, para el éxito de la lucha iniciada por los trabajadores de los diferentes sectores. Las asambleas democráticas y participativas son la base para las subidas salariales, para ejercer los trabajadores el control de sus propias acciones y acabar con la austeridad. No se puede dejar en manos de unos pocos, de la aristocracia de los sindicatos oficiales, lo que afecta a todos los trabajadores.