El gobierno retrocede ante los portuarios

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Espacioindependiente nº 190,   jueves 16 de febrero, 2017

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El gobierno retrocede ante la convocatoria de huelga general de los portuarios

¡Alto a la privatización y precarización de los puertos!

 

Un conflicto social, sindical y político como el que recorre los puertos es todo un síntoma de las relaciones de fuerza entre las clases en estos momentos. Un verdadero síntoma de la profunda crisis de la UE y sus políticas de austeridad y precariedad para los trabajadores, para mejor favorecer la explotación.

Para el gobierno de Rajoy, con sus principales titulares recién reelegidos en el congreso del PP celebrado sobre la corrupción latente en la Caja Mágica, se trata de una verdadera prueba de fuego de sus capacidades para disciplinar a todo el mundo en sus planes de austeridad y unidad nacional.

Desde el año 1997, la Comisión Europea quiso establecer la liberalización del sistema de contratación de los estibadores portuarios imponiendo la precariedad en todos los terrenos, tanto en los salarios como en las horas de trabajo, privatizando la misma contratación.

En diversos países europeos se ha tenido que cambiar la legislación con medidas contrarias a los derechos de los trabajadores y de los mismos sindicatos del sector que han sido históricamente de los más fuertes. En Alemania se hizo por consenso entre los empresarios y los sindicatos. En Francia se abolió la licencia para trabajar que se establecía por un comité compuesto por los empresarios y el sindicato CGT.  Tanto en Noruega como en Bélgica los trabajadores resisten -como en España- a los planes y exigencias de liquidación de sus conquistas.

En el año 2006, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Estado Español a multas de 21 millones de euros por incumplimiento de la normativa. Desde el 11 de diciembre de 2014 se deben pagar 27.522 euros al día, como sanción, y otra multa coercitiva de 134.107,2 euros por día de retraso. Dichas sanciones solo se levantarán si el gobierno ejecuta sus dictados. Por ello el Consejo de Ministros del próximo viernes tenía previsto aprobar el real decreto-ley que vendría a imponer las condiciones exigidas por la UE, decreto que luego debería ser aprobado por las Cortes.

En España, en este momento, la contratación de las empresas portuarias se realiza a través de sociedades de gestión controladas por los sindicatos que establecen registros laborales, con los que determina tanto las plantillas como los turnos, con buenas condiciones salariales. El decreto sería un verdadero ERE contra las conquistas sociales de los portuarios. A ello se oponen los trabajadores representados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que integra a CCOO, UGT y otros sindicatos. Las asambleas realizadas en los puertos establecieron la total oposición a la precarización del sector y aprobaron paros parciales en horas impares durante los próximos días 20, 22 y 24.

La patronal del sector aún recuerda con temor la huelga de 2006, una huelga general que paralizó todos los puertos contra la misma amenaza de precarización. Ahora temen que se vuelvan a producir desabastecimientos de mercancías.

Entonces pararon todos los puertos de Europa. Ahora la propuesta de huelga de los puertos españoles ha sido apoyada por el Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios, que ha previsto una reunión internacional de apoyo a celebrar en Algeciras (Cádiz) el próximo día 21; estableciendo el apoyo a los trabajadores portuarios españoles, con la llegada a esta localidad de delegados sindicales de Europa, África, América y Oceanía. La Internacional de los portuarios, además, ha amenazado directamente al gobierno español con solidarizarse con los puertos españoles llamando a la paralización o el retraso en la carga de mercancías españolas.

Las amenazas del Ministerio de Fomento de imponer servicios mínimos del 100% no han sido suficientes para parar a los trabajadores, que en puertos como el de Barcelona, llevan días con ritmos de trabajo que acumulan en la práctica mercancías y cientos de camiones.

El miércoles 15 el Gobierno ha retrocedido con la comunicación a los sindicatos de volver a la negociación retirando por ahora el decreto.

Todo el periodo de desmovilización social y político que hemos vivido desde las elecciones municipales, hasta ahora, lo ha sido con el cuento de que era la hora de las urnas y no de la movilización. Las urnas arrojaron resultados contradictorios, dejaron en minoría al gobierno, pero las políticas de colaboración, ahora con la gestora de Ferraz, y con la prolongación de la desmovilización sindical y política, lo siguen manteniendo hasta el día de hoy. Se sostiene, por tanto, de forma artificial.

La incapacidad del gobierno para aprobar los PGE 2017 concentra sus problemas, y ha bastado la amenaza de la huelga de los portuarios para que el gobierno retroceda pese al dictado de Bruselas y sus multas disciplinarias.

La huelga general de enseñanza convocada para el 9 de marzo y las Marchas de la Dignidad del próximo día 25 darán una nueva muestra del verdadero espíritu que anida entre los trabajadores y colectivos sociales en medio de la falta de salidas políticas que se concentran en el bloqueo político e institucional del régimen.