No hay nación sin soberanía popular

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Espacioindependiente nº 208,  jueves 22 de junio, 2017

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No hay nación sin soberanía popular

El pasado día 15 de junio se cumplieron 40 años de las elecciones que, por consenso, trataron de legitimar al régimen de la monarquía. Echaban así en el olvido a millones de víctimas de los crímenes del franquismo con el manto de acero de la impunidad de Estado. Se negaban las aspiraciones democráticas y soberanas de los trabajadores y pueblos.

La clave de aquellas elecciones, en términos de los amos del mundo, fue la de respaldar la continuidad y los privilegios de la herencia franquista establecida de hecho en el poder de Juan Carlos de Borbón. La crisis política e institucional que padecen las instituciones del régimen ha aconsejado a sus partidarios que no hay ni que celebrar el acontecimiento. Cuando se cumplieron 30 años del régimen se celebró un acto solemne de exaltación de las virtudes del sistema político establecido, realizado en el marco del Congreso de los Diputados presidido por los Reyes y el Príncipe de Asturias. Eran tiempos “zapateriles” en los que el consenso antidemocrático aún hacía sentir sus efectos.

Durante cuatro décadas se han realizado todo tipo de especulaciones acerca de la Transición y sus efectos, llegando a ser un producto exportable más de la marca España, proponiendo sus mecanismos como modelo a seguir en otros confines de paso de la dictadura a la democracia sin traumas. Una estafa que duró poco tiempo.

Los pactos que establecieron el régimen y la oposición política y sindical se fundaron en la negación de la independencia política y financiera de los partidos y sindicatos (Pactos de la Moncloa), como procedimiento destinado a establecer y conformar la paz social y el consenso político, que conllevaron los acuerdos constitucionales del 78.

La realidad política y social de nuestros días ya no cabe en el estrecho marco de los pactos y consensos de 1975-1978, y algunos de sus principales firmantes proponen reformas constitucionales de fondo. Tal es el caso de los nacionalistas catalanes y del mismo PSOE, aunque con alcances políticos muy distintos. Cuarenta años después, desde los medios más interesados en el mantenimiento del status político se habla de una segunda Transición -promovida por lo que queda de los viejos partidos y los que han aparecido como consecuencia de la crisis-, como si las condiciones políticas para dicha maniobra de poder y desde el poder estuviesen ya establecidas. Confunden  sus anhelos con la realidad.

La abdicación, relevo en la Casa Real, de hace tres años no ha resuelto ninguno de los graves problemas planteados, como se ve ante la convocatoria de la consulta en Cataluña.

La crisis financiera y económica internacional en la que seguimos inmersos desde 2008, las políticas de austeridad, de destrucción económica y social invitan al poder a un giro político contra- reformista. A eso también contribuye la misma situación internacional, como el Brexit, la llegada de Trump a la Casa Blanca y otras. El modelo económico y político del 77-78 tiende a agravarse con un nuevo reparto de las plusvalías en beneficio de los sectores del capital especulativo, con un nuevo poder bancario y político concentrado sobre muy pocas familias. A ello se opone una mayoría social de trabajadores y pueblos que buscan salir del callejón sin salida de la Transición y la Constitución, incluso sin tener una representación sindical y política capaz de ayudarles a remontar los obstáculos de todo tipo.

La amnistía fiscal de 2012 ha sido anulada por el Constitucional, sin que eeto conlleve consecuencia económica o política alguna. La forma y el fondo de las cosas son inseparables y el franquismo coronado se ha especializado en separar fondo de forma, como si eso fuera políticamente posible. Por ello, en la Ley de la Memoria se legaliza el franquismo al que declara ilegítimo; por ello, en la sentencia contra la amnistía fiscal no se establece la nulidad del trato de favor con los grandes evasores que constituyen las principales familias franquistas y las mafias internacionales. En entrevista en el El País a Franco Roberti, Fiscal Antimafia de Italia, éste señala que “España es un lugar estratégico para las mafias, porque creen que pueden hacer sus negocios de un modo menos investigado…”es un lugar estratégico para el tráfico de drogas y ofrece oportunidades para lavar dinero “.

Ahora pretenden lavar dinero las mafias internacionales con la privatización de los puertos españoles decidida por la UE y el Gobierno, so pretexto de establecer un proceso de modernización. Operación a la que hace frente la huelga de estibadores, que se ha descompuesto con los acuerdos parciales establecidos con algunas de las empresas, abandonando a su suerte a los trabajadores de los puertos menos estratégicos. La huelga requiere la unidad de una dirección de la propia huelga, elegible y revocable por las asambleas de trabajadores.

Los debates de nuestros días sobre el modelo de Estado, la unidad y la soberanía nacional, la solidaridad interterritorial, la dependencia de los planes de la OTAN y de la Troika, … no parecen tener final. Y ello porque concentran la crisis política e institucional que gira en torno al desgobierno, a la corrupción, la impunidad y el poder antidemocrático impuesto por la herencia franquista.

El reciente Congreso del PSOE ha descubierto que España es una nación de naciones, sin ser capaces entre tantos delegados presentes de sacar de ello consecuencia política alguna. La acepción política de nación antecedió a la Revolución francesa, estableciendo que se trata de una entidad soberana que debe ser gobernada mediante reglas democráticas propias de la soberanía popular. La “nación española” no puede negar que en su seno viven naciones de otra índole, que como Cataluña se distinguen por su entidad demográfica, social y cultural, y por su mismo desarrollo diferenciado económico y político, y que, por tanto, necesitan de cambios políticos e institucionales acordados mediante consulta popular. La nación es un concepto histórico y político fundamental. El reconocimiento político de Cataluña y de otras nacionalidades como naciones lleva aparejadas medidas que establezcan la soberanía popular de dichos entes, mediante leyes propias que le den forma y representación política propia. Por cierto, la primera ley que propone la Generalidad tras el referéndum que convoca el primero de octubre próximo es una ley sobre las víctimas del franquismo y la memoria democrática y republicana.

Si el Estado español y la misma Unión Europea quieren desconocer la realidad social y política -que aconseja que la soberanía de hecho de Cataluña se conforme democráticamente- y permanecen en el bloqueo, no pueden sino contribuir a la descomposición más general.

La situación política y la demanda de la mayoría exige el respaldo democrático y popular por una soberanía de derecho. Los estados y las entidades supranacionales que se oponen están abocadas a sufrir un serio desgarro, que puede contagiar tanto el ámbito político español como el europeo. Las tesis antidemocráticas de Mariano Rajoy y su gobierno no se sostienen. Todo consiste en apoyarse en el modelo caduco de la Transición franquista “de la ley a la ley”, que no es sino el vacío político y jurídico. Es comprensible que las familias franquistas pretendan decir a todos que la “democracia no puede estar por encima de la Constitución”. Pero los partidos y sindicatos tienen ellos mismos que hacer un ejercicio de soberanía e independencia respecto a los privilegios franquistas y ponerse al lado de las demandas democráticas y soberanas de la población.

La soberanía popular de las naciones resume y concreta todas las demandas: constituye el principio de todas las reivindicaciones sociales y políticas.