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Espacioindependiente nº 465, jueves 7 de julio, 2022

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La impunidad de los crímenes del franquismo:

 el precio que el Gobierno pretende pagar para preservar el continuismo monárquico

Desde el verano pasado, el proyecto de Ley de Memoria reformado, bautizado ahora de “democrático”, se encontraba aparcado en un rincón del Congreso de los Diputados, al no haber encontrado el Gobierno los apoyos suficientes para su aprobación. En septiembre de 2020 comenzó la andadura parlamentaria, añadiéndole al texto varias modificaciones sobre la marcha, que nunca alcanzaron la modificación de la espina dorsal del proyecto, que es, en lo esencial, un nuevo intento de prolongar el mantenimiento de la impunidad, para impedir que sean juzgados los millones de crímenes franquistas como crímenes contra la humanidad. Estos comprenden tanto los crímenes de la guerra, como los de la dictadura y los crímenes cometidos hasta nuestros días, pese a la “pretendida democracia” establecida por el régimen del 78.

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó el lunes día 4 el proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PNV y a última hora Bildu, incorporando a la Ley algunas modificaciones, de forma que alcanzan los aspectos siguientes:

Se amplía el ámbito de su aplicación, que se traslada de 1979 -año de la aprobación de la Constitución- hasta 1983, comprendiendo algunos años de la Transición de la Dictadura a la Monarquía, que incluye cientos de víctimas de detenciones y torturas, de asesinatos…, o de quienes fueron objeto de la guerra sucia de los grupos antiterroristas vinculados al aparato de Estado, de las víctimas ocasionadas por el GAL en particular.

Lo reformado no va más allá de mandatar al Gobierno para que un año después de que entre la Ley en vigor, se constituya una comisión técnica que realice un estudio sobre los supuestos casos de vulneración de derechos humanos; pero negando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación: el estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación”. Lo de “vuelva Vd. mañana” sigue siendo la forma administrativa de dilatar indefinidamente la impunidad, para evitar el momento en el que se pueda hacer justicia. Ha sido el mismo Ministerio de la Presidencia quien ha aclarado, para evitar equívocos, que se trata de medidas meramente administrativas sin ninguna repercusión judicial. Y por si hubiese duda de algún tipo, la ley rechaza la “responsabilidad patrimonial”, así como la “reparación o indemnización de índole económica o profesional”, hablando, sin embargo, de reparación “integral”, sin contenido expreso alguno.

Así mismo, el acuerdo del Gobierno con Bildu introduce una enmienda para declarar la ilegalidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, sin que ello tampoco alcance avance práctico alguno, como sería, en consecuencia, la nulidad de pleno de derecho de todas las condenas, con el derecho de las víctimas a proceder contra quienes dictaron dichas condenas, contra quienes aprobaron dichas leyes y contra quienes las aplicaron a sangre y fuego contra la población. Enmiendas engañosas que no garantiza la defensa de los derechos más elementales, creando un falso derecho de víctimas sin imputación a los verdugos.

 Más de lo mismo: se dan a conocer los nombre y apellidos de las víctimas, pero no los de los autores de tales crímenes. Se trata de la práctica reiterada de la cultura franquista de la impunidad. Las víctimas que lo soliciten podrán obtener como máximo un diploma que no vale para nada ni tiene repercusión alguna. Un diploma de papel mojado. Lo que no es sino un grave insulto a los millones de víctimas y a sus familiares.

La próxima aprobación de la Ley de Memoria de Sánchez se va llevar a término en el momento mismo en el que nos roban la sanidad en beneficio de las empresas privadas -igual que privatizan las pensiones-, cuando los hospitales han sido llevados a una situación de catástrofe, con listas de espera de más de 800.000 enfermos que tardan hasta un año en ser intervenidos. La impunidad se vuelve a imponer como razón de Estado cuando la patronal se niega a negociar las subidas salariales que los trabajadores demandan para hacer frente a la carestía de la vida. Los ministros hablan de más pactos sociales; ahora de un Pacto de Rentas para frenar las demandas sociales. El Consejo de Ministros, lejos de dar solución a la grave crisis económica, se lanza por la vía del militarismo, aprobando otra partida de 1.000 millones de euros para armas, para comenzar a cumplir con los compromisos adquiridos con los EEUU en la Cumbre de la OTAN. Por todo ello, es imprescindible contextualizar el momento político en el que se pretende mantener la impunidad de Estado, cuando es la última oportunidad que se echa a la basura de la historia para tratar de dar respuesta positiva a las demandas de las víctimas que aún quedan con vida. Si el Gobierno quisiera hacer justicia, el primer síntoma sería no bloquear el procesamiento de Martín Villa, acusado de crímenes contra la humanidad por un juzgado de Buenos Aires.

En este contexto general hay que situar las primeras reacciones de personajes del régimen que no son ajenos a la cuestión de la impunidad, como es el caso de Felipe González, quien ha declarado que no le “suena bien el pacto del Gobierno con Bildu”, que establece la posibilidad de que se investigue, sin más, la “guerra sucia del GAL”. El miedo a la verdad no tiene límites.

Entendemos, por el contrario, la reacción de quienes más han luchado en sede parlamentaria para acabar con la impunidad, como es el caso de ex diputado de ERC, Joan Tardá, que no ha podido dejar de expresar su malestar contra su propio partido por haberse abstenido en la votación del dictamen sobre la Ley. Declarando sentirse “triste y desolado, porque su partido haya decidido no plantar cara a la iniciativa”, aludía al hecho de que ERC se ha abstenido en lugar de votar en contra, manifestando que, por desgracia, “éramos la última voz de las víctimas”.

No se trata entonces de oponerse en abstracto a una ley de Memoria Democrática, ya que no implica ningún cambio sustancial respecto a la legislación, o que pudiese modificar la doctrina de los altos tribunales. Se trata de situar dicho texto en su contexto político y social, donde el Estado no se hace responsable de los crímenes, sino que se desentiende de ellos como viene haciendo desde hace cuarenta años, con todo tipo de argumentos más propios de una dictadura que de una supuesta democracia. La Ley de la Memoria Democrática será, por desgracia, una ley más de impunidad; y por ello absolutamente innecesaria, marcada por los estigmas de la amnistía y la amnesia; en definitiva, de la impunidad.

La dependencia de este gobierno de las leyes e instituciones del régimen monárquico es quien marca en lo esencial sus actos fundamentales; gobierno al que no se puede dejar de señalar que debe cumplir con el mandato popular y no con la sumisión a los poderosos.

Las Cortes de conciliación y sin poderes soberanos que se disponen a aprobar esta Ley, se van a señalar, una vez más, como Cortes de absoluta impunidad contra los principios universales de verdad, justicia y reparación. La proximidad del debate del Estado de la Nación, a partir del próximo día 12 de julio, debería ser la ocasión para escuchar y responder a las demandas populares de Cortes constituyentes por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, demanda democrática histórica que forma parte integral de las reivindicaciones y aspiraciones de trabajadores y pueblos.