Espacioindependiente nº 606, jueves 27 de junio, 2024
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Entre tribunales y falsas leyes democráticas anda el juego
Bipartidismo o pactos y consensos para el mantenimiento del régimen monárquico
Recientemente el pleno del tribunal Constitucional con mayoría progresista, de magistrados nombrados por el PSOE y Podemos, ha tomado en consideración las alegaciones de Francisco Ventura Segura, quien fue detenido, torturado y encarcelado por participar en las manifestaciones del 1º de Mayo de 1967 en Valencia. Condenado por el Tribunal de Orden Público, pasó varios años en la cárcel. Recurrió al Tribunal Constitucional, una vez que ni el juzgado de instrucción de Valencia ni la Audiencia Provincial aceptaron investigar sus denuncias. Hasta ahora las puertas del Tribunal Constitucional habían estado cerradas a cal y canto para las víctimas del franquismo y de la monarquía, tal y como sucedió con la querella del exdirigente del PCE Gerardo Iglesias, y con la demanda de la familia de Ángel Almazán, asesinado a golpes en Madrid en 1976. La nueva ley de Memoria Democrática, con la confusión generada por los partidos políticos que la promovieron, había albergado ilusiones acerca del “nuevo” marco jurídico presentado a bombo y platillo como un marco de justicia frente a la impunidad. Dicha Ley dice que las leyes de impunidad, como la Ley de Amnistía de 1977, se deben interpretar en base al derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de “imprescriptibles y no amnistiables”.
Pero el Tribunal Constitucional de mayoría progresista añade que eso ni sustituye las sentencias de los jueces ni tampoco cambia las reglas de juego del Código Penal. Y remata la operación diciendo que “La ley de Memoria Democrática no es una ley orgánica” y, por tanto, no puede imponer el derecho internacional sobre la legislación española de impunidad. Concluye que no cabe “investigación”, es decir, justicia alguna para los crímenes del franquismo: desde el punto de vista de la política de Estado de total impunidad todo sigue atado y bien atado. El Tribunal Constitucional añade que las leyes penales no han cambiado, que la Amnistía de 1977 sigue dominando la situación de impunidad, y cualquier delito que pudiera haber sido cometido por las fuerzas de orden público, dado el tiempo pasado, han prescrito, pese a que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
La Ley de Amnistía de 1977, y la reiterada negativa de los diferentes gobiernos que se dicen progresistas a su derogación, es la que domina la situación por encima de cualquier disposición posterior y del mismo derecho internacional del que la Constitución española de 1978 se reclama falsamente. En consecuencia, entre unos y otros, y sobre todo entre falsas leyes de Memoria Democrática y tribunales de impunidad anda el juego de la democracia y la justicia del régimen.
También la reciente ley parcial de amnistía sobre el proceso catalán tendrá un largo recorrido. Jueces y fiscales mantienen en primer término su negativa a que la ley -tal como está redactada- surta efectos positivos. Los magistrados que tratan de eliminar parcial o totalmente el alcance de la ley de amnistía han venido a recordar que “sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley”. Resolución totalmente contraria a la forma en la que ha sido aplicada la amnistía de 1977; lo que evidencia la existencia de una justicia que utiliza distintas varas de medir. Para la amnistía de 1977 no hace falta declaración firme de ningún órgano para su aplicación, pero para la amnistía del procés sí, haciendo depender de ello su posible aplicación.
De esta forma tan desigual ante la ley, se mantienen las penas de inhabilitación sobre Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, condenados por malversación y desobediencia. La juez del caso “Tsunami Democrátic” ha establecido un periodo de diez días para que las partes informen de la aplicabilidad o inaplicabilidad de la Ley; afectando directamente al expresidente Puigdemont y otros imputados. Los mismos fiscales del procés se permiten no aplicar la amnistía a ciertos delitos. Todo un desvarío de un Estado sin ley, o con tantas leyes que su aplicación es totalmente contradictoria dependiendo de a quienes se aplique.
Lo de la justicia que no es justicia y la democracia que no es democracia no parece tener fin en el régimen de la monarquía. Después de cinco largos años de secuestro por el PP del Consejo General del Poder Judicial, cuando este partido había perdido el gobierno por moción de censura contra su corrupción sistémica, el PP y el PSOE se han comprometido ante la atenta vigilancia de las autoridades de la Unión Europea a renovar el Poder Judicial. Alguno de los aliados del gobierno, como es el caso de Podemos, ERC y Bildu, han denunciado el acuerdo como una claudicación del PSOE y del Gobierno, manifestando que ha nacido la “gran coalición”.
El acuerdo bajo el control de Bruselas no tiene desperdicio: PP y PSOE, se reparten en partes iguales 20 puestos del gobierno de los jueces. Todos los socios del gobierno menos Sumar, movimiento-coalición impulsado por el PCE, han mostrado su rechazo. Para Yolanda Díaz, recién dimitida en su liderazgo personal de Sumar, el acuerdo PSOE-PP es “un paso adelante”. Para el resto de aliados del gobierno, que sin formar parte del ejecutivo lo sostienen, consideran que el pacto es una vuelta al bipartidismo. En declaraciones a la prensa, el portavoz de ERC, el diputado Rufián, no ha dudado en señalar que se trata de “un error, que no refleja la pluralidad de los representantes en las Cortes Generales; dijimos que había que abrirlo, estábamos dispuestos a pactar y negociar”. Denunciando que el PSOE ha elegido un “nuevo socio”.
ERC pasa por la peor crisis de su historia, sus bases han obligado a dimitir a unos dirigentes que han primado sus compromisos con el gobierno de Sánchez a las demandas del pueblo catalán, y ahora es incapaz de tomar una decisión que pueda contribuir a formar gobierno en Cataluña. Respecto a los problemas de Estado relacionados con el CGPJ, sus declaraciones son una decepción respecto de sus propias políticas, por lo que manifiesta que quería formar parte del acuerdo de Estado PSOE-PP, del que han dejado fuera a los socios del PSOE. Dicen a las claras que son útiles para mantener el gobierno de la OTAN y de la guerra, votando todo lo que les ponen sobre la mesa, pero que con ellos no cuentan cuando es posible un pacto de Estado PSOE-PP. Quizá ERC no ha comprendido aún el juego con dos barajas que practican los dirigentes del PSOE y del PP. Con una baraja pactan con los franquistas o con los “socialistas” todo aquello que hace referencia a los poderes del Estado, para mantener la monarquía y sus compromisos con el imperialismo, que laminan la soberanía nacional. Con la otra baraja juegan a un juego menor, y dependiente del primero, por el que dan la mayoría al PSOE para defender una democracia y una justicia inexistente.
No se trata tanto del bipartidismo, sino de las formas de colaboración política entre partidos, del mantenimiento de pactos y consensos esenciales para el continuismo del régimen. El juego sucio de las oligarquías políticas, de leyes y tribunales, no se resuelve con el acuerdo PSOE-PP para reconstruir el Consejo General del Poder judicial; eso forma parte de más de lo mismo, de más pactos y consensos contra la democracia y la justicia. El gobierno y los tribunales del régimen son parte del régimen mismo, que impone la impunidad y la complicidad: una vez más la “omertá”.
Aspiramos a acabar con el franquismo, aspiramos a un régimen republicano que facilite el derecho de los pueblos a decidir, a una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal con todos los poderes ejecutivos y legislativos, y en condiciones de absoluta libertad política; por la elección popular y directa de todos los cargos públicos, con revocabilidad de sus mandatos.
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