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Espacioindependiente nº 475, jueves 15 de septiembre, 2022

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 Servicios públicos y conquistas sociales

Establecer el lazo entre la defensa de lo público y la República

Se preparan entre grupos de jubilados y pensionistas de muchas localidades de todos los territorios marchas a pie desde sus respectivos lugares a Madrid. Como también se organizan viajes colectivos para coincidir el día 15 de Octubre ante el Congreso, exigiendo al Gobierno y a las Cortes Generales la inmediata revalorización de las pensiones y de los sueldos de acuerdo al IPC, y acabar con los planes de privatización del sistema público de pensiones.

 Reclamaciones sociales que en buena medida resumen el momento político en el que vivimos, que viene a caracterizarse por una ofensiva de los propietarios de las grandes empresas y bancos por imponer precios a sus productos que los gobiernos se niegan a controlar de forma efectiva. Un movimiento especulativo generalizado, que es el principal causante de la carestía de la vida y de la devaluación de hecho de los salarios y pensiones.

La caridad y el limosneo se ha convertido en el día a día de todos los gobiernos, que de forma chapucera hablan de combatir la inflación con ocurrencias de todo tipo que permiten, sin embargo, que prosiga desde hace tiempo el saqueo privado de la capacidad de compra de salarios y pensiones.

Este movimiento agresivo de los capitales, que se lleva a término con la más absoluta complicidad de los gobiernos, tiene su origen en el hecho de la disminución relativa de los beneficios de explotación en los sectores tradicionales de la industria y el comercio. Para tratar de aumentar su tasa de explotación -y por tanto de sus beneficios- se lanzan por el terraplén de la especulación inflacionaria, que modifica de manera reaccionaria las relaciones económicas y sociales, con la agudización de la lucha de clases y los procesos de crisis política.

Las tasas de inflación actuales, que no se conocían desde hace cuarenta años, se suman a los planes de privatización que se llevan a término en la mayoría de países del mundo, gracias a leyes que favorecen el beneficio privado a costa del erario público. Leyes impulsadas por los planes del FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea. La disminución de los beneficios de la explotación de la industria y la agricultura empuja a los capitalistas a la acaparación privada de la sanidad, de la educación, de todos los servicios públicos y de los fondos de pensiones.

El beneficio del capital es la clave de todos y cada uno de los movimientos económicos, pero solo el trabajo produce valor y plusvalía. La disminución de las ganancias, que la economía mundial conoció a partir de 2005, provocó la reducción de inversiones, fomentando la crisis y recesión que hemos vivido, de la que aún no hemos salido, y que ahora toma la forma de multiplicación de los precios y de la inflación. La tasa global de beneficios ha tenido de hecho una tendencia descendente en los últimos decenios, y en particular a partir de 1990. Por ello las llamadas medidas anticrisis de los gobiernos, de uno u otro color político, de ayer y de hoy, no buscan sino revertir la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Pero el motor de la sociedad no es la crisis, sino la lucha de clases. Los afectados por la crisis capitalista no pueden esperar de brazos cruzados a que ésta se resuelva. Están obligados a tomar iniciativas, a reorganizarse sobre la base de sus reivindicaciones, a movilizarse y reclamar los cambios políticos e institucionales para realizar sus reivindicaciones y aspiraciones sociales.

La resistencia de los jubilados y pensionistas a que los bancos y seguros acaparen los fondos de pensiones -con la intervención privatizadora de los diferentes gobiernos e instituciones aprobando leyes a la medida de los privatizadores- se ha convertido en un movimiento principal de la lucha por defender lo público y las conquistas sociales. De una parte, habría que señalar que se trata de uno de los principales movimientos de reorganización social y política que se viene fraguando desde hace años, y también una de las principales claudicaciones del Gobierno de coalición. Hay que resaltar el papel liquidador del Gobernador del Banco de España -que depende del nombramiento del gobierno-, quien no ha dudado en señalar en el terreno político la oposición a que jubilados y pensionistas, funcionarios y trabajadores en general puedan defender el aumento de sus haberes.

El movimiento de pensionistas se ha convertido en una de las principales señales de reagrupamiento político, y en una espina de grandes dimensiones clavada en el corazón de los sindicatos colaboradores, cuyos dirigentes, financiados tanto por las empresas como por el Estado, vienen actuando como vulgares comisionistas de los beneficios empresariales de los planes de privatización. Sus afiliados y muchos trabajadores y jubilados no dejan de reclamar que sus dirigentes abandonen la complicidad con fondos buitres y bancos, para hacer la unidad en defensa de las pensiones y de todo lo público.

La experiencia de dónde van a parar los fondos de los pensionistas, cuando caen en manos privadas, es conocida nacional e internacionalmente. Hay que recordar al fascista, Pinochet, como uno de los promotores de la privatización de las pensiones; de forma que los pensionistas chilenos han pasado a ser uno de los sectores más pobres de Chile. La mayoría de ellos no cobran sino el 35% de lo que cobraban con su último salario.

La historia de las pensiones se remonta a casi dos siglos de lucha de clases. Los primeros que exigieron pensiones fueron los políticos y militares por su trabajo realizado; los funcionarios públicos abrieron la brecha, y los principales movimientos políticos de los trabajadores fueron los que, con su llegada al poder, establecieron el derecho universal a la jubilación de todas las personas.

 Existen en España más de trescientos fondos privados de pensiones, de todos ellos sólo seis han declarado beneficios, treinta han mantenido el valor del dinero y trescientos dieron pérdidas.

El punto de partida de las demandas de jubilados y pensionistas es el de la defensa de sus conquistas sociales, que el capital y el gobierno de turno pretende barrer de la historia. Hay que avanzar un paso más sobre esta cuestión de gran importancia. El día 15 de Octubre hay que comenzar a establecer un puente sólido entre lo social y lo político. El vínculo necesario entre las demandas sociales y democráticas y las aspiraciones políticas contenidas: la ruptura con las instituciones y leyes que vienen del franquismo. Por unas Cortes Soberanas con todos los poderes, que acaben con los privilegios de la monarquía y de los grandes capitalistas; estableciendo así el lazo entre la defensa de todo lo público y la aspiración a la República.