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Espacioindependiente nº 532, jueves 2 de noviembre, 2023

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El abuso sexual de menores por religiosos como crímenes de lesa humanidad

¡Denuncia de los acuerdos de España con la Santa Sede!

Hay momentos políticos, como el que vivimos en estos días, en los que los acontecimientos de lucha de clases se multiplican de manera que hace imposible, con los medios que tenemos, tratar de dar respuesta a todos, desde el punto de vista de quienes luchamos por el socialismo, por la república, y contra la impunidad de los crímenes del franquismo y de la Iglesia.

El genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino, y la extensión de la guerra en Oriente Próximo, viene constituyéndose en el principal acontecimiento político internacional y nacional en numerosos países del mundo; llegando a situar en segundo plano la misma guerra de los EEUU y Rusia en Ucrania. La ruptura de relaciones políticas y comerciales con el Estado de Israel es la demanda política internacional y en cada país, unida a la exigencia de alto el fuego inmediato, por la defensa incondicional de la población civil.

La jura de la Constitución por la heredera de la Casa de Borbón ha sido exaltada por todos los medios de comunicación, públicos y privados, anticipándose mediante un fasto medieval y antidemocrático de abuso de poder al debate acerca de la investidura de Pedro Sánchez, que parece inminente, una vez que se ha pactado una propuesta de ley de Amnistía, una más. Recordemos que la de 1977 sigue siendo utilizada -con otras- por el régimen de la monarquía para impedir la investigación y proceso judicial de los crímenes del franquismo.

En medio de todo esto, hemos conocido el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos de religiosos. Debería haber sido una gran oportunidad para defender la dignidad humana, eliminando ocultaciones y silencios históricos. En España, los delitos cometidos por el clero, tanto sacerdotal como monjil, son tan escandalosos que no se han podido ocultar a la opinión pública por más tiempo. La crisis política del régimen ha abierto muchas brechas políticas y sociales, y esta ha sido una de ellas. En el origen de dicho informe está una dejación de funciones del Congreso de Diputados, al delegar asunto tan importante en el Defensor del Pueblo para impedir su debate público.

Hace muchos años que los escándalos de pedofilia de la Iglesia estallaron en numerosos países, y en la mayoría no se ha hecho justicia, desvelando una situación permanente de acoso que había sido ocultada por la Iglesia y por los mismos Estados. La Iglesia española y el mismo Vaticano nunca fueron juzgados por sus crímenes, como tampoco por el terror eclesiástico de la Inquisición. En España nunca se juzgó su complicidad con el golpe de Estado de 1936, en la guerra y la represión, así como el robo de niños del que son especialistas organizaciones católicas de beneficencia financiadas por el Estado.    

Lejos de hacerse una investigación judicial, abriendo los archivos eclesiásticos a la sociedad, reafirmando los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y estado de derecho, el Defensor del Pueblo se ha basado en una encuesta a partir de casos denunciados. La calidad del informe deja mucho que desear, tan voluminoso como incompleto y sobre todo falto de soluciones democráticas. La respuesta de los obispos españoles al informe del Defensor del Pueblo ha sido inmediata, descalificando el contenido del informe, amenazando con llevar al Defensor del Pueblo, Sr Gabilondo, a los tribunales de justicia por “calumnias e incitación al odio”. Al respecto, parece que en las altas jerarquías de la Iglesia española siguen dominando los modos más cínicos de la Inquisición. Hay que entender que fue el mismo Vaticano quien respondió al escándalo internacional con aquello de que “las víctimas deberían saber que el Papa está a su lado”. ¡Qué cinismo!

Los obispos franquistas, jerarcas de la Iglesia, encargaron al despacho de Cremades & Calvo Sotelo (letrados muy relacionados con el Opus Dei) otro informe sobre el abuso de menores por parte de religiosos, que hasta hoy ha incumplido los plazos de presentación. Tanto en las pesquisas de la Iglesia, como en el informe del Defensor del Pueblo y en las dificultades para elaborar un informe definitivo por el despacho aludido, pesa como una losa la violación de derechos de las víctimas.

Para el derecho internacional, víctima “es toda persona que haya sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales”. Antes de cualquier relato no judicial, se debe subrayar que los delitos de los que se habla han gozado y aún gozan en el 99% de los casos de total impunidad, y que todos los gobiernos, de todos los colores, han violado el derecho de las víctimas a la justicia con todo tipo de excusas y justificaciones. Las dos leyes de Memoria aprobadas han ocultado los crímenes de la Iglesia, tanto los de abuso sexual como los derivados de la guerra y la represión y robo de niños, pese a la inmensidad de evidencias. Se trata de imponer por todos los medios la impunidad contra el derecho de las víctimas, cuando las instituciones religiosas deberían estar subordinadas al Estado en materia de derecho penal, y el secreto de confesión puede ser desvelado por la acción judicial.

Los obispos niegan la evidencia de centenares y miles de crímenes, han inscrito centenares de miles de bienes públicos y privados como bienes de la Iglesia, y dominan sectores claves de la educación, financiados por los Presupuestos del Estado. La demanda democrática de separación de la Iglesia y el Estado adquiere todo su valor. El informe del Defensor del Pueblo aconseja a las Cortes que el Estado se haga cargo de los crímenes de la Iglesia, mediante la reparación económica, cuando lo que procede es el derecho de las víctimas a un juicio justo y condena de los culpables.

Sólo a la luz del derecho internacional y humanitario -y no de la impunidad del franquismo y de la monarquía- se pueden investigar los crímenes de la Iglesia y los del Estado. Y son precisamente las leyes del Reino de España las que se han levantado como obstáculo a la justicia y, por tanto, a la verdad, la justicia y la reparación y no repetición. A las leyes de secretos oficiales y de amnistía a los franquistas, a las leyes de Memoria -tanto la “Histórica” como la llamada “Democrática”-, hay que sumar los mismos privilegios del Concordato con el Vaticano. Y a todo ese bloque de obstáculos legales se añaden las doctrinas pro impunidad, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. Todo ello forma parte de la herencia de la dictadura y no de las demandas democráticas mayoritarias. ¡Basta de informes vacíos y leyes de impunidad, que son papel mojado a la hora de defender a las víctimas! ¡Cumplimiento del derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones! El Estado español tiene un derecho interno incompatible con sus obligaciones jurídicas internacionales.

Afirmamos nuestra solidaridad con las víctimas de la Iglesia católica, y les llamamos a la movilización conjunta por la derogación de las Leyes de impunidad y del mismo Concordato con el Vaticano, que impide la satisfacción de los derechos de las víctimas. ¡Por la aplicación del art.8 de la DHDH, del art.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del art.14 de la Convención contra la Tortura, del art.39 de los Derechos del Niño!…  De lo dicho se desprende la necesidad de librar a las víctimas de la Iglesia de todo tipo de obstáculos legales, por la derogación de las leyes de impunidad. El Gobierno de Sánchez, que se reclama de la democracia,  debe acabar con los privilegios de la Iglesia, con la subvención pública de asuntos privados y las exenciones fiscales, y con toda impunidad de los crímenes de la Iglesia y del franquismo.