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Espacioindependiente nº 546, jueves 8 de febrero, 2024

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El fenómeno de la Guerra Judicial

Tractores, togas y superbeneficios bancarios

Guerra y justicia, en inglés lawfare (law = ley, warfare = ir a la guerra), término que se utiliza internacionalmente, con el que se trata de explicar el intervencionismo de los poderes judiciales en la vida política. Suele multiplicarse en momentos de crisis política, económica e institucional como el actual, precipitando golpes “blandos” de Estado, sin necesidad de sacar los tanques a la calle. Y sobre todo, esas formas de guerra judicial aparecen, de manera particular, cuando la población demanda cambios políticos sustanciales, de acuerdo con las exigencias de la mayoría.

En el momento mismo en que los sistemas políticos derechizados no son capaces de digerir las contradicciones sociales mediante las formas de representación y resolución política que tienen, se acude asiduamente -por parte del poder- a la instrumentalización de la justicia: a la utilización abusiva de las leyes y tribunales de justicia, tanto nacionales como internacionales, para la multiplicación de beneficios económicos y privilegios institucionales.

La guerra jurídica nacional e internacional está normalmente asociada a violaciones de derechos humanos y otros preceptos que se pretenden manipular, convirtiendo derechos democráticos conquistados en delitos a reprimir y perseguir. La jurisdicción universal de derechos humanos ha sido particularmente pisoteada por las grandes potencias, con especial relevancia por aquellas que se niegan a romper con graves violaciones de su propio aparato de Estado. Ese es el caso de España y su sistema judicial que mantiene desde la dictadura la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, lo que también sucede en otros países donde la impunidad, como razón de Estado, se ha constituido en un elemento constituyente de sus instituciones, del poder y del mismo sistema político.

 Conflictos internacionales -como el que deviene de la larga ocupación de Palestina por el Estado imperialista de Israel- han contado también con una larga impunidad internacional, consistente en manipular groseramente los derechos que se invocan. Todos los casos iniciados contra militares y políticos israelíes durante decenas de años, cuando han sido acusados de crímenes de guerra y genocidio, de colonialismo y racismo, de una u otra forma han sido neutralizados por las grandes potencias que financian la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Biden lo dejó dicho claramente: “Destinamos miles de millones cada año a Israel. Es nuestra mejor inversión para nuestros intereses económicos. Si Israel no existiese, tendrían que crearlo”.

El caso de la guerra judicial en Colombia es un referente, que nos recuerda las campañas orquestadas anteriormente por los sectores más reaccionarios de la sociedad y por la judicatura en particular contra Lula y Dilma Rousseff en Brasil; la larga persecución judicial y mediática a Cristina Kirchner en Argentina; el proceso contra Aires de Lugo en Paraguay, y tantos otros dirigentes y mandatarios, donde cabe destacar la guerra judicial que se lleva a cabo contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, que acaba de ser condenado por los golpistas que lo detuvieron y ocupan el poder.

La ofensiva reaccionaria desatada contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, combina toda una serie de elementos de la situación política colombiana e internacional, que supera la mera ofensiva judicial contra su gobierno y persona. La situación internacional de guerra y recesión, y la denuncia por genocidio presentada por el gobierno sudafricano contra el Estado de Israel, han venido a acelerar todos los procesos de crisis, por eliminar del mapa político a todos aquellos mandatarios que levantan la voz y toman medidas contra los planes de guerra. El Gobierno de Petro se ha unido a la denuncia sudafricana con setenta países más, considerando “que las acciones y medidas del Gobierno Israelí configuran actos de genocidio”. Colombia también respalda la denuncia de Argelia en la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu por “crímenes de guerra”. Los EEUU no pueden consentir que su relato sionista sea rechazado por una buena parte del mundo y aún menos por países que considera parte de su patio trasero. Las exigencias del enclave imperialista de Israel comprometen a todos los gobiernos del mundo.

La guerra judicial en España tiene por objeto socavar el gobierno de coalición: la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo consideró por 13 votos a 3 rechazar el informe presentado por uno de sus miembros, entendiendo que existen indicios de un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic; y por 11 votos contra 4, han acordado que existen indicios para imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont. La rebelión de los fiscales del Tribunal Supremo contra sus superiores supone que el ejercicio de derechos fundamentales de manifestación y libre expresión se pueden convertir fácilmente en actos de terrorismo. Lo que implica la desautorización de la propuesta de Amnistía de Sánchez, que debería formularse como amnistía total y no como amnistía parcial para conseguir su aprobación.

Las tractoradas en las principales carreteras y ciudades de la Unión Europea han venido a denunciar la existencia de una política programada de destrucción de la producción agraria y ganadera, que está siendo sustituida por acuerdos de importación con terceros países. Y por ello, en todas partes se denuncia la caída de los ingresos, las bajas pensiones y la complejidad administrativa impuesta. La PAC es un arma de los mandatarios de la Unión Europea contra la producción agraria y la soberanía alimentaria de los pueblos; y los agricultores y ganaderos de los países de la Unión Europea se han puesto en marcha, e invitan a otros sectores laborales y del sector primario, como transportistas, taxistas, pescadores … a ocupar las carreteras y grandes ciudades por sus demandas.

El segundo día de movilizaciones “espontáneas” del sector agrario por sectores “autoconvocados” se ha radicalizado con la ocupación de más carreteras: activistas agrarios de Granada, Rioja y Castellón han sido detenidos por la policía en aplicación de la Ley Mordaza. Unos 250 manifestantes han ocupado el puerto de Castellón, siendo desalojados por las fuerzas del orden público. Unos 1.000 tractores han ocupado Barcelona, acompañados por el aplauso de la población; las movilizaciones convocadas por los sindicatos oficiales comienzan hoy día 8. Y todo ello a pocos meses de las elecciones europeas, cuando se acaba de aprobar una nueva entrega de 50.000 millones de euros a Zelenski para financiar la guerra en Ucrania; medidas tomadas por una burocracia que trabaja para banqueros y especuladores, totalmente entregada a la política de guerra de los EEUU y la OTAN.

 Las políticas reaccionarias de la Unión Europea y sus gobiernos se reflejan también en los beneficios de los bancos. Los españoles, en particular, están declarando superbeneficios, que suponen un 25,96% más del anterior ejercicio (la friolera de 26.088,1 millones de euros en 2023). Sólo el 15% de la actividad de los bancos se dedica a financiar a empresas y consumidores, a la economía real, el resto, el 85% es pura especulación improductiva. El Banco Central Europeo facilita que los bancos apliquen de golpe las subidas de tipos de interés a sus clientes, de forma que el beneficio extraordinario del negocio bancario conlleva nuevos desahucios, y quiebras económicas de autónomos y pequeñas empresas.

Impulsar una candidatura a las elecciones europeas, por la soberanía y la paz, que parta de las demandas de los sectores obreros y populares, es una exigencia a la que hay que tratar de dar respuesta; estableciendo acuerdos con militantes y corrientes para constituir una amplia plataforma política que debe levantar el derecho de la población a decidir acerca de la cuestión de cuestiones de la política española: ¿monarquía o república?