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Espacioindependiente nº 555, jueves 11 de abril, 2024

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       Por el alto el fuego

República, por la ruptura con los planes de guerra

Las noticias sobre la guerra son utilizadas por los gobiernos partidarios de su extensión para imponer destrucción económica y especulación, regresión social. En el caso español, se trata de ocultar el baño de sangre, como sucede con la puesta en marcha por Pedro Sánchez de la campaña relativa al supuesto reconocimiento del Estado Palestino.

El 4 de abril, la OTAN ha celebrado su 75º aniversario, en medio de planes de extensión de los principales conflictos de guerra por el mundo. Es el momento en el que la alianza imperialista se prepara para coordinar nuevas acciones en Ucrania, y pone directamente a la OTAN al frente de los planes de guerra, cuando son más de 200.000 millones de euros los invertidos ya por esta organización en el frente del este de Europa.

El Estado español participa de todas las agresiones contra los pueblos del mundo. De una parte, por la presencia de numerosas bases y fuerzas militares al servicio de los norteamericanos en suelo español; y de otra, por los compromisos de guerra con la misma OTAN. Organización, que dice servir a la “defensa” y “seguridad” de Europa, cuando no es sino el brazo armado de los grandes capitalistas del mundo, una alianza de las grandes potencias contra los pueblos del mundo, que ahora amenaza en particular a los pueblos de Europa del Este.

Las contradicciones del sistema imperialista mundial llevan a la OTAN a provocar conflictos cada vez más graves que ponen al mundo al borde de la guerra mundial. Por ello la ruptura con la OTAN y la eliminación de las bases se constituye en una demanda democrática de seguridad y soberanía para la mayoría de pueblos del mundo.

La política de guerra combina la acción reaccionaria en varios frentes, favoreciendo el beneficio especulativo para la concentración de grandes capitales en detrimento de las conquistas sociales de trabajadores y pueblos. Esta política de guerra se extiende en todas partes a millones de inmigrantes: tanto en EE UU como en la Unión Europea se están empeorando las leyes que conculcan el derecho de asilo y refugio. De una parte, los estados imperialistas reconocen la necesidad de mano de obra exterior, y por tanto de la necesidad de explotar en sus territorios a trabajadores inmigrantes; pero, de otra, buscan establecer condiciones de esclavitud para dicha mano de obra, y con ello empujar a la baja los salarios y condiciones de vida y trabajo de todos los trabajadores, nacionales o extranjeros. No sólo hay que contemplar la situación de los trabajadores inmigrantes o no, sino también la de los trabajadores ilegales, los llamados sin papeles, que son tratados como esclavos modernos, y cuya cuantía real es muy difícil establecer en cada país.

Una legislación cada vez más antisocial, que impone la precariedad y la desigualdad, sólo es posible por las políticas de financiación de las cúpulas sindicales, y avanza al calor de las políticas de inflación y guerra. El Parlamento europeo acaba de aprobar por mayoría el Pacto de Migración y Asilo militarizando las fronteras y negando los derechos internacionales de asilo y refugio. El núcleo del pacto no ofrece dudas: propone pagar a los gobiernos de los países dependientes 20.000 euros por cada inmigrante rechazado. Por ello, activistas sociales se hicieron presentes en la Eurocámara interrumpiendo las votaciones con gritos de “El pacto mata, no lo voten”.

Sánchez une en su persona responsabilidades políticas combinadas que le hacen actuar con mucho poder, como presidente de la Monarquía, secretario general del PSOE y presidente de la Internacional Socialista. Sus planes internacionales buscan superar la situación de bloqueo político de su Gobierno, y en relación con esta situación se coloca ante las cámaras para declamar que España ya está “preparada” para el reconocimiento del Estado Palestino. Una maniobra por la que se niega a exigir el inmediato alto el fuego, al tiempo que oculta la necesidad de pronunciarse sobre las demandas internacionales por genocidio contra el Estado de Israel y sus principales dirigentes, precisamente en el momento en que las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino reclaman la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Uno de sus socios, miembro de Sumar, como el diputado Iñigo Errejón, situó así la cuestión: “En Gaza lo que está ocurriendo es un genocidio, y frente al genocidio hace falta un embargo total de armas, de compra y de venta de armas y hace falta romper las relaciones comerciales”. Por ello, el gobierno español, lejos de romper con los genocidas, levanta la fantasmagórica propuesta de reconocimiento de un hipotético Estado palestino, cuando el mismo portavoz del PNV ha subrayado que la Franja de Gaza ha quedado “reducida a la nada” por Israel y en Cisjordania lo que hay son “islas”, porque no se ha respetado el Derecho Internacional. 

La experiencia de 76 años de ocupación ilegal y guerra de exterminio es que el Estado de Israel es incompatible con los derechos de los pueblos de la zona, y en concreto con los derechos nacionales y democráticos del pueblo palestino.

Fue en noviembre de 1986, gobernando Felipe González, cuando Juan Carlos de Borbón encontró en este gobierno el apoyo necesario para poner a punto sus relaciones de dependencia con la diplomacia norteamericana y sus negocios corruptos con la monarquía saudí, el rey Hussein de Jordania y otros regímenes de la zona, para el reconocimiento del Estado de Israel. La oposición a dicho reconocimiento quedó marginada por los partidos oficiales del régimen, así como la reclamación de “una Palestina libre y democrática, en la que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos”. Una Carta al director, el 17 de enero de 1986 (no publicada por El País) decía “Ninguna coartada o supuesta compensación puede justificar el reconocimiento por el Estado español del actual Estado de Israel, antidemocrático de raíz. Tal reconocimiento sería un atentado contra los derechos democráticos de los pueblos y la causa de la paz”. Ayer se clamaba justamente no reconocer al Estado sionista, y hoy, en consecuencia, por la ruptura con el mismo Estado de Israel.

La amenaza de extensión de las guerras en curso es una realidad. La cuestión de los planes del imperialismo y las políticas de guerra y militarización se ha convertido en la cuestión clave. Cabe preguntarse: ¿deben los partidos que se reclamen de los derechos de los trabajadores y pueblos participar de las políticas de guerra? Evidentemente, no. La oposición a la guerra debe relacionarse de manera directa con los programas y reivindicaciones del movimiento obrero y democrático, para poner en primer término la lucha por la paz, contra la guerra y la destrucción económica y social.

La cuestión republicana se sitúa aquí en el centro de todas las reivindicaciones sociales y democráticas: ¿Qué nueva relación política debe establecerse entre la situación de guerra internacional y la lucha democrática por la República y la Constituyente soberana en nuestro país de países? La política de “unidad nacional”, en defensa de la Monarquía y de la herencia franquista, implica en su conjunto el apoyo de los partidos del consenso a las políticas más reaccionarias, con el aumento significativo de las medidas de gasto para el desplazamiento de materiales y tropas a frentes de guerra. La exigencia del alto el fuego, y la ruptura con las alianzas militares, pasa a constituirse en la primera de las reivindicaciones.

Las tareas de los partidarios de la República y del laicismo, de los que claman contra la impunidad de los crímenes del franquismo, de los defensores de las reivindicaciones sociales y democráticas, pasan de forma ineludible por la exigencia de ruptura con las políticas de guerra: Por la paz y la soberanía de los pueblos.